BOE del 5 de marzo de 2019 se ha publicado el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en temas de vivienda y alquiler por el que se altera los productos 63.2 y 72.4, incluyendo del mismo modo un nuevo apartado 6 al artículo 74 del TRLRHL. LasAdministraciones Públicas, como salvedad,no podrán repercutirel impuesto sobre bienes inmuebles en caso dealquiler de inmuebles de empleo residencial conrenta limitadapor una norma jurídica. [newline]Este real decreto ley da la espalda prácticamente de manera plena al registro de la propiedad como instrumento que permite ofrecer propaganda a las ocasiones jurídicas inmobiliarias. Fuera de la polémica sobre la naturaleza personal o real del arrendamiento, es clara la relevancia para la seguridad jurídica precautoria de saber la situación arrendaticia de un inmueble y sus secuelas para cualquier transacción o hipoteca, sea la primera voluntaria o forzosa. Esta inseguridad asimismo podrá producir retraimiento en la oferta. No obstante, ahora se abre la oportunidad de que la legislación sobre vivienda pueda establecer un derecho de tanteo y retracto respecto de latotalidad del inmuebleenfavor del órgano que designe la administración competente en temas de vivienda. Se aplicaría lo preparado en nuestro artículo 25 a los efectos de la notificación y del ejercicio de semejantes derechos.
En un caso así, el adquirente sólo va a deber soportar el arrendamiento a lo largo del tiempo que reste para el transcurso del plazo de cinco años, o siete años en el caso de persona jurídica, debiendo el enajenante indemnizar al arrendatario con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que, excediendo del período citado de cinco años, o siete años si el arrendador anterior fuera persona jurídica, reste por cumplir. En contratos de duración pactada mayor a cinco años, o siete años si el arrendador fuera persona jurídica, si, transcurridos los cinco primeros años del mismo, o los primeros siete años si el arrendador fuera persona jurídica, el derecho del arrendador quedara resuelto por cualquiera de las situaciones mentadas en el parágrafo previo, quedará extinguido el arrendamiento. Se exceptúa el supuesto en que el contrato de arrendamiento haya accedido al Registro de la Propiedad de antemano a los derechos determinantes de la resolución del derecho del arrendador. En un caso así, continuará el arrendamiento por la duración pactada.
Beneficios Fiscales Modificación Del Trlrhl Para Integrar Nuevos Provecho Fiscales Potestativos
El Gobierno va a poder dictar las reglas reglamentarias necesarias de cara al desarrollo de lo preparado en este real decreto-ley. A) Movilización de suelo público perteneciente a la Administración General del Estado y los organismos de ella dependientes, para la promoción de vivienda en alquiler popular o accesible, mediante fórmulas de colaboración público-privadas. Con efectos a partir de 1 de enero de 2019, se introduce en el apartado 1.B) de la Predisposición adicional decimosexta, la referencia al programa «152. Vivienda.», que se suma a los ya recogidos en el mismo.
El producto 36 queda redactado en los próximos términos. En inmuebles que no se hallen en régimen de propiedad horizontal, semejantes gastos serán los que se hayan asignado a la finca arrendada en función de su área. En edificios en régimen de propiedad horizontal tales costos serán los que correspondan a la finca arrendada en función de su cuota de participación. El plazo empezará a contarse desde la fecha del contrato o desde la puesta del inmueble a disposición del arrendatario si esta fuere posterior. Corresponderá al arrendatario la prueba de la fecha de la puesta predisposición.
Y, en particular, señalaba la obligación de adoptar las medidas necesarias para superar los inconvenientes de falta de coordinación entre las decisiones judiciales y las acciones de los servicios sociales en los métodos de desahucio de la vivienda frecuente cuando afecta a hogares especialmente atacables. España encara desafíos esenciales en temas de vivienda que, en la actualidad, se ligan de forma especial a la contrariedad del ingreso a la misma en régimen de arrendamiento. La reforma liberalizadora de 2013, aparte de no ofrecer los desenlaces aguardados en lo relativo al aumento de la oferta de vivienda y la moderación de los costos, ha situado al arrendatario de una casa como vivienda frecuente en una posición de debilidad que no responde a las condiciones mínimas de seguridad y seguridad con las que hay que dotar al inquilino de una vivienda en posesión de justo título. Este Real Decreto-Ley, con entrada en vigor el 6 de marzo de 2019 y convalidado el 3 de abril de 2019 por la Diputación Permanente del Congreso, modifica la regulación de los alquileres urbanos y, en parte, la Ley de Propiedad horizontal, aparte de ciertos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento civil y de la normativa fiscal.
Nuevas Medidas En Materia De Vivienda Y Alquiler
Como excepción, no va a poder pactarse esta renuncia al derecho de subrogación en caso de que las personas que puedan entrenar tal derecho se encuentren en situación de especial puerta de inseguridad y afecte a menores de edad, personas con discapacidad o personas mayores de 65 años. C) Prosigue manteniéndose la resolución de los alquileres concedidos por usufructuario, superficiario y cuantos tengan un análogo derecho de goce sobre el inmueble, cuando concluya del derecho del que los formó. El legislador intenta ahoraclarificar qué comprende por fuerza mayor, si bien hace una remisión a otras disposiciones con rango de ley, aparte de casos en los que no hubiesen podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables. En el caso de venta de finca no inmatriculada el arrendatario de vivienda perdía el derecho de subrogación. Protege la necesidad de la reforma por la contrariedad del acceso a la vivienda en régimen de alquiler.
Con ello, el legislador intenta poner coto a la proliferación de esta práctica de alquileres de muy corta duración, realizada a través de internet a través de plataformas como Airbnb, al poder ocasionar enormes molestias al resto de los vecinos por el continuo tránsito de personas ajenas a la red social. Se permite que la junta generallimite o condicione el ejercicio de esta actividadcuando voten a su favor tres quintas unas partes de los propietarios que representen tres quintas partes de las cuotas de participación. Se denomina “actualización” y no revisión de renta como antes. Se deroga de esta manera el artículo introducido en 2013 por el que el adquirente con los requisitos del art. 34 LH.
El presente real decreto-ley respeta los límites constitucionalmente establecidos para la utilización de este instrumento normativo, ya que no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Debe reseñarse, que las materias que se abordan fueron modificadas anteriormente, atendiendo a causas de urgente necesidad, a través de este instrumento. Entre ellos, puede recordarse el Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril, sobre Medidas de Política Económica que alteró la regulación de los alquileres urbanos.
C) Casas Para Alquiler Turístico
B) Para la determinación del índice estatal se utilizarán los datos procedentes de la información disponible en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en el Catastro Inmobiliario, en el Registro de la Propiedad, en los registros administrativos de depósitos de fianza y en otras fuentes de información, que sean representativos del mercado del alquiler de vivienda. Anualmente se va a ofrecer una relación de valores medios de la renta mensual en euros por metro cuadrado de área de la vivienda, agregados por secciones censales, barrios, distritos, municipios, provincias y comunidades autónomas. No eliminará el carácter obligación de estas obras el hecho de que el resto de su coste, alén de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido. Por último, se establece que los contratos de arrendamiento suscritos de antemano a la entrada en vigor del real decreto-ley proseguirán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era de aplicación.
Pasado ese tiempo, para el resto de plazo pactado, la actualización se regirá por lo estipulado al efecto por las partes y, a falta de pacto concreto, se aplicará lo acordado sobre actualización de la renta. Se prolonga suno actualizacióna cinco o siete años, en el momento en que hasta la actualidad era de tres. Pero se deja que arrendador y el arrendatario lleguen cualquier ocasión a unacuerdo para la realización demejoraspor sobre el mero cumplimiento del deber de conservación, con viable influencia en la renta. Desaparece la diferencia con respecto al arrendamiento inscrito, de forma que la duración mínima se impone a sucesos registrales, tanto esté el arrendamiento inscrito como si no.
A partir de ese instante, en el mes de diciembre de de año en año deberá enseñar un informe a la Comisión Encargada del Gobierno para Asuntos Económicos con los progresos logrados en concepto de vivienda agregada puesta en el mercado en régimen de arrendamiento. Tratándose de inmuebles de empleo residencial que estén desocupados con carácter persistente, los municipios van a poder reclamar un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto. Dentro de este límite, los municipios podrán determinar a través de ordenanza fiscal un único recargo o varios dependiendo de la duración del periodo de desocupación del inmueble. La actualización de la fianza a lo largo del período temporal en que el período pactado para el arrendamiento exceda de cinco años, o de siete años si el arrendador fuese persona jurídica, se regirá por lo estipulado al efecto por las partes. A falta de pacto concreto, lo acordado sobre actualización de la renta se presumirá amado asimismo para la actualización de la fianza. El adquirente de una vivienda arrendada va a quedar subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador a lo largo de los cinco primeros años de vigencia del contrato, o siete años si el arrendador previo fuese persona jurídica, aun cuando concurran en él los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
Real Decreto Ley 7/2019 De 1 De Marzo De 2019 Reforma De Los Contratos De Alquiler De Vivienda – Ribas Àlvarez
En sus propios ámbitos territoriales, las comunidades autónomas podrán determinar de forma concreta y adaptada a su territorio, su índice de referencia, para el ejercicio de sus competencias y a los efectos de diseñar sus políticas y programas públicos de vivienda. A) Se elaborará en el plazo de ocho meses por la Administración General del Estado, por medio de un procedimiento sujeto a los principios de transparencia y propaganda. La resolución por la que se determine el sistema de índices de referencia se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». Contra la resolución por la que se apruebe el sistema de índices de referencia podrá interponerse recurso contencioso-administrativo. El plazo de espera legal al que se refiere el producto anterior no va a ser de app en la ejecución de resoluciones como condena de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, que se regirá por lo sosprechado en tales casos.
Tiene Asimismo Dos Disposiciones Transitorias:
Por otra parte, para potenciar el mercado de los alquileres urbanos como parte básica de una política de vivienda orientada por el orden constitucional consagrado en el producto 47 de la Constitución, resulta conveniente prosperar la fiscalidad del arrendamiento de viviendas, a fin de hacer más simple a los ciudadanos las condiciones de acceso a las mismas. En este sentido, se introduce una exención para ciertos arrendamientos de vivienda en el artículo refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. Asimismo, se recoge una reforma que explicita la mayoría cualificada que se requiere para que las comunidades de dueños logren limitar o condicionar el ejercicio de la actividad, o entablar cuotas particulares o incremento en la participación de los costos recurrentes de la vivienda, en el contexto de la normativa sectorial que regule el ejercicio de esta actividad y del régimen de usos establecido por los instrumentos de ordenación urbanística y territorial. 3ª, dedicada al depósito de fianzas dando permiso a la normativa que lo regule exigir determinados datos al arrendador, relativos a las partes del contrato con sus domicilios, información sobre la finca arrendada y cláusulas del contrato como la renta de forma anual, duración, sistema de actualización, importe de la fianza y otras garantías, recursos o muebles. Sigue el principio de que laduración será acordada por las partes, pero, al tiempo que hasta ahora el arrendatario podía imponer unaduración mínimade tres años por la vía de prórrogas cada un año, ahora se extiende esa posible duración mínima impuesta por el arrendatario a loscinco años, caso de que el arrendador sea persona física, y a lossiete añossi el que arrienda es un individuo jurídica, cualquier persona que sea la manera de esta persona jurídica.
De arrendamiento que se suscriban a partir de la suya entrada en vigor, quedando excluidos los celebrados de antemano . En el caso de suscribirse a nuestro boletín Jurídico de la compañía GTT, la finalidad va a ser la de la inclusión en la lista de distribución de tal folleto así como la remisión quincenal de nuestro folleto jurídico gtt por la parte de nuestro departamento de Asesoría Jurídica. Además, para el supuesto en el que usted nos se haga más fácil su currículum mediante la dirección de correo electrónico que ofrece GTT para tal fin, , se tratará con el objetivo de incluirle en nuestra bolsa de trabajo y participar en futuros procesos de selección o atender futuras vacantes, teniendo como único destinatario de sus datos a la empresa GTT.