La CE es una ley de leyes, una regla suprema por el hecho de que prevalece sobre el resto. La CE es el resultado de una evolución política en tanto que supuso el paso de una dictadura a un Estado Democrático de derecho.
Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros enseñantes, en el respeto a los principios constitucionales. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación anterior a la autoridad, que solo va a poder prohibirlas cuando existan causas fundadas de alteración del orden público, con riesgo para personas o bienes. Además están en su derecho a ingresar y salir libremente de España en los términos que la ley constituya. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.
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Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse a nivel internacional por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. Ser informado de los temas de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a solicitud del Presidente del Gobierno. Expedir los decretos pactados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y otorgar honores y distinciones con arreglo a las leyes. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
Proyectos públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las primordiales especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. Las obras públicas de interés de la Red social Autónoma en su propio territorio. El emprendimiento de Estatuto va a ser elaborado por una asamblea compuesta por los integrantes de la Diputación u órgano interinsular de las provincias perjudicadas y por los Miembros del congreso de los diputados y Miembros del senado elegidos en ellas y será alto a las Cortes En general para su tramitación como ley. Los Estatutos podrán predecir los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas van a poder celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, tal como el carácter y efectos de la pertinente comunicación a las Cortes En general. En los demás teóricos, los pactos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes En general.
La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la civilización, a la que todos tienen derecho. Se reconoce la libertad de compañía en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la eficacia, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su decisión, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales de todo el mundo o afiliarse a exactamente las mismas. La independencia sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su decisión, tal como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales de todo el mundo o a afiliarse a exactamente las mismas.
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De esta forma se dan a comprender a todos y cada uno de los ciudadanos. En primer lugar estála Constitución(la podríamos definir como la norma de normas. Todas las normas, todo el ordenamiento jurídico ha de continuar los preceptos dela Constitución, no la tienen la posibilidad de contrariar). A los efectos de lo predeterminado en el artículo 99, la promulgación de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su app.
En comparación con otras constituciones la de 1978 es de las más amplias. 📘 La plaza es para mí aparece como una forma de asistir al opositor para administración local a tener una guía de estudio. Reforma del producto 13, apartado 2, aprobada por las Cortes En general en sesiones plenarias del Congreso de los Miembros del congreso de los diputados y del Senado, de 22 y 30 de julio de 1992, respectivamente, y sancionada por S.M. El Rey el 27 de agosto de 1992 (Boletín Oficial del Estado núm. 207, de 28 de agosto de 1992).
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Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas fuertemente de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, más allá de que la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias conformemente con los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Sin perjuicio de lo preparado en el producto 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia. Las Cortes Generales, en materias de rivalidad estatal, van a poder atribuir a todas y cada una o a ciertas Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el contexto de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la rivalidad de los Tribunales, en todos y cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes En general sobre estas reglas legislativas de las Comunidades Autónomas.
La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como el resto causas de exención del servicio militar obligación, logrando imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, a través de una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos y cada uno de los ámbitos afectados y la creación de centros enseñantes. La ley limitará la utilización de la informática para asegurar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Únicamente los españoles van a ser titulares de los derechos reconocidos en el producto 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, logre establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses de tipo económico que les sean propios.
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Está incompleta, varios productos remiten a su avance a través de leyes orgánicas. Los derechos reconocidos en los productos 17, 18, apartados 2 y 3, productos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, productos 21, 28, apartado 2, y producto 37, apartado 2, podrán ser suspendidos en el momento en que se acuerde la declaración del estado de salvedad o de lugar en los términos previstos en la Constitución. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y individuos, protegiendo, mediante métodos eficientes, la seguridad, la salud y los legítimos intereses de tipo económico de los mismos. Todas y cada una la gente tienen derecho a conseguir la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses lícitos, sin que, en ningún caso, logre producirse indefensión. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que confirmen los tratados y la ley. La ley regulará las situaciones en que, con motivo de parentesco o de misterio profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
Los daños ocasionados por error judicial, así como los que sean consecuencia del desempeño anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley. El estado de lugar será proclamado por la mayoría absoluta del Congreso de los Miembros del congreso de los diputados, a propuesta única del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.