Se considerarán del mismo modo delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los productos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater en el momento en que los hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que tiene relación el apartado previo. Las penas contempladas en el punto 1.º del apartado anterior se impondrán a los que desarrollen o empleen armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas o minas antipersonas o municiones en racimo, o comiencen preparativos militares para su empleo o no las destruyan con infracción de los tratados o convenios internacionales en los que España sea parte. Los hechos serán castigados con la pena superior en nivel en el momento en que concurran las situaciones 1.ª, 3.ª, 4.ª ó 5.ª del artículo 557 bis. Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o en verdad a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con propaganda, se castigarán con la pena de multa de siete a 12 meses. Quienes, amparándose en la existencia de organizaciones o grupos terroristas, calumnien, injurien, coaccionen o conminen a los miembros de corporaciones locales, van a ser castigados con la pena superior en nivel a la que corresponda por el delito cometido.
Como novedad, se refleja de forma explícita que en cualquier caso se considerarán actos de atentado los que se cometan contra funcionarios de sanidad y educación en el ejercicio de sus funcionalidades o con motivo de exactamente las mismas, dando visibilidad a eso que, por otra parte, ahora venía recogiendo la jurisprudencia mayoritaria. Primeramente, se tiene dentro el género como fundamento de discriminación en la agravante 4.ª del artículo 22. Por otro lado, en atención a la complejidad inherente a este género de delitos, y la necesidad de hacer una investigación lo mucho más ágil viable, se ha estimado favorable que la instrucción y el enjuiciamiento de los incendios forestales se encomiende a tribunales expertos, dejando sin efecto la competencia del tribunal del jurado que establece la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del tribunal del jurado. Se introducen ciertas modificaciones para remarcar la punición de los llamados delitos contra la corrupción en el campo de la Administración pública. La malversación constituye en realidad una modalidad de administración desleal que, sin embargo, se sostenía históricamente referida en nuestro Derecho básicamente a supuestos de sustracción de los fondos públicos y, en mucha menor medida, a la posible desviación del destino de exactamente los mismos.
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Si sigue un fundamento cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad superior. En el momento en que en el inductor o en el cooperador preciso no concurran las condiciones, características o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del creador, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en nivel a la señalada por la ley para la infracción de que se trate. Las reglas anteriores no van a ser de aplicación en los casos en que la tentativa y la cooperación se hallen en especial penadas por la Ley. Restablecida la salud psicológica del penado, éste cumplirá la sentencia si la pena no hubiere prescrito, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal, por razones de equidad, logre ofrecer por extinguida la condena o achicar su duración, en la medida en que el cumplimiento de la pena resulte innecesario o contraproducente. El Juez de Vigilancia comunicará al ministerio fiscal, con suficiente antelación, la próxima extinción de la pena o medida de seguridad impuesta, a efectos de lo sosprechado por la disposición agregada primera de este Código.
Si el tráfico se realizase usando un lugar o local comercial o industrial, se impondrá, además, la pena de multa de doce a veinticuatro meses. En estas situaciones los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del criminal, podrán imponer asimismo a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria, por tiempo de dos a cinco años y convenir la medida de clausura temporal o definitiva del lugar o local. Si la clausura fuera temporal, su duración no va a poder exceder de cinco años.
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La autoridad o jefe militar o quien actúe efectivamente como tal que no adoptase las medidas a su alcance a fin de que sean perseguidos los delitos comprendidos en los episodios II, II bis y III de este título realizados por las personas sometidas a su mando o control efectivo va a ser castigada con la pena inferior en dos grados a la de los autores. diez.º Con la pena de prisión de cuatro a ocho años si sometieran a alguna persona a esclavitud o la mantuvieran en ella. Esta pena se aplicará sin perjuicio de las que, en su caso, correspondan por los concretos atentados realizados contra los derechos de la gente. El que, con actos ilegales o que no estén adecuadamente autorizados, provocare o diere motivo a una declaración de guerra contra España por parte de otra capacidad, o expusiere a los españoles a presenciar vejaciones o represalias en sus personas o en sus recursos, va a ser castigado con la pena de prisión de ocho a quince años si es autoridad o funcionario, y de 4 a ocho si no lo es. La provocación, la conspiración y la proposición para alguno de los delitos previstos en los productos anteriores de este capítulo, serán castigadas con la pena de prisión inferior en uno o 2 grados a la del delito pertinente. En el momento en que la información o supervisión de personas citada en el parágrafo anterior ponga en riesgo la vida, la integridad física, la independencia o el patrimonio de exactamente las mismas se impondrá la pena prevista en este apartado en su mitad superior.
Por la parte de la Administración Tributaria podrán iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución, previa prestación de garantía. Si no se pudiera prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá pactar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de realmente difícil reparación. Además de las penas destacadas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de conseguir subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar de las ventajas o incentivos fiscales o de la Seguridad Social a lo largo del periodo de tres a seis años. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados precedentes hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero. Si este estuviera castigado con pena de otra naturaleza, la pena privativa de libertad será sustituida por la de multa de 12 a 24 meses, salvo que el delito encubierto tenga asignada pena igual o inferior a ésta ; en tal caso, se impondrá al culpable la pena de aquel delito en su mitad inferior. El que por cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa caracteristica de utilidad social o cultural, o de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de la comunidad, va a ser castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.
Con carácter general, solo será posible la imposición de penas de multa en este tipo de delitos en el momento en que conste acreditado que entre atacante y víctima no hay relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o existencia de una descendencia común. Estas situaciones, por coherencia, pasan a ser también circunstancias que cualifican el delito de homicidio. Al mismo tiempo, se ha pensado también la agravación del homicidio de autoridades, funcionarios y agentes de la autoridad –en el momento en que son víctimas de este delito en el ejercicio de sus funcionalidades o con ocasión de ellas– con la finalidad, especialmente, de reforzar la protección de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo que se ofrece es vaticinar, en los presuntos de delitos graves contra la vida, la integridad física, la independencia o la independencia o indemnidad sexual, en el momento en que además de esto se confirma por el tribunal la existencia de un riesgo relevante de reiteración delictiva, la anotación de los perfiles genéticos de condenados en la banco de información policial.
Si concurrieren dos o mucho más de las anteriores situaciones, las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad superior. 11. Sin perjuicio de la app de las reglas en general de este Código, la víctima de trata de seres humanos va a quedar exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre esa situación y el hecho criminal realizado. Cuando se intente los amos, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les va a aplicar la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la rápidamente superior en nivel. En todo caso se elevará la pena a la rápidamente superior en nivel si concurriera ciertas circunstancias previstas en el apartado 4 o la circunstancia prevista en el apartado 5 de este producto. Atendidas la gravedad, las situaciones personales del creador y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años.
El acusado de injuria va a quedar exento de compromiso probando la realidad de las imputaciones en el momento en que estas se dirijan contra gobernantes públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas. Lo dispuesto en este capítulo será aplicable al que descubriere, revelare o cediere datos reservados de personas jurídicas, sin el permiso de sus representantes, salvo lo preparado en otros preceptos de este Código. Si los hechos descritos en este Capítulo se hubiesen cometido en el seno de una organización o conjunto criminal, se aplicarán respectivamente las penas superiores en grado. En estos delitos el perdón del insultado o del representante legal no extingue la acción penal ni la responsabilidad de esa clase. A los efectos del apartado previo, se piensan abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se encuentren privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, tal como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima a través de la utilización de medicamentos, drogas o cualquier otra substancia natural o química ideal a tal efecto. En el momento en que los hechos se cometan contra un individuo que se halle en una situación de especial puerta de inseguridad con motivo de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra situación, salvo lo dispuesto en el producto 183.
La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta en el momento en que el moroso ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación bastante del derecho que protege dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto. Ciento veintinueve. Se añade una Sección 2.ª bis al Capítulo VI del Título XIII del Libro II, con la rúbrica «De la apropiación incorrecta», que entenderá los artículos 253 y 254. 9.º En el momento en que el culpable o responsables participen en los hechos como miembros de una organización o conjunto criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de exactamente la misma naturaleza. 4.º En el momento en que se intente modelos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a exactamente las mismas. El Ministerio Fiscal fomentará las acciones pertinentes con objeto de privar de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, en su caso, a la persona que incurra en ciertas formas de proceder descritas en el apartado previo.
Manual Práctico De Derecho Penal Parte General: Teoría Jurídica Del Delito
Exactamente las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufragada total o medianamente con fondos de las Administraciones públicas, incluyendo la Unión Europea, los coloque en una cantidad mayor a cien mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o asistencia fue concedida, a menos que realice el reintegro a que tiene relación el apartado 6. En estos casos, aparte de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la oportunidad de obtener subvenciones y del derecho a disfrutar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social a lo largo del período de cuatro a ocho años. La pena se impondrá en su mitad superior cuando los recursos tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. En estos teóricos se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código. Las penas previstas en el artículo se impondrán, en sus propios casos, en su mitad superior si el responsable del hecho fuera trabajador o usado de una empresa de servicios de inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o reguladora, o entidades rectoras de mercados regulados o centros de negociación.