El gobierno y la administración autónoma de las provincias van a estar encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. Por consiguiente y en definitiva para saber el elenco de competencias, atribuciones o facultades que exhibe cada Comunidad Autónoma es necesario acudir al listado contenido en cada Estatuto de Autonomía y a la legislación del Estado en la materia. — Las obras públicas de interés de la Red social Autónoma en su propio territorio. — Un Tribunal Superior de Justicia que, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Red social Autónoma.
Iniciativa autonómica. • Y materias en las que el Estado se reserva la aprobación de la legislación, en las que a las Comunidades Autónomas les corresponderá el desarrollo reglamentario y la ejecución. La Ley emplea el sistema de catálogo de materias en las que el concejo tendrá la capacitad de intervenir necesariamente, de forma que en el momento en que el Estado y las Comunidades Autónomas legislen sobre una de esas materias van a deber atribuir ciertas facultades a los ayuntamientos. Todo ello según con lo que se dijo al investigar los principios de autonomía municipal, de subsidiariedad y de suficiencia financiera. Tiene asimismo la rivalidad residual, es decir le corresponden las demás que de manera expresa le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. Puede observarse que las Diputaciones quedan con muy escasas competencias, que las Comunidades Autónomas podrán llenar.
— Las entidades locales deben ser consultadas, en la medida de lo posible, a su debido tiempo y de manera correcta, a lo largo de los procesos de planificación y de decisión para todas y cada una de las cuestiones que les afectan de manera directa. Las Mancomunidades de municipios, muy extendidas en todo el Estado, que se crean para la ejecución en común de proyectos y servicios de su competencia. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y llevar a cabo efectivo el principio de solidaridad, se formará un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán organizados por las Cortes En general entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. En los Presupuestos Generales del Estado va a poder establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.
3 Los Principios Del Régimen Local Especial Referencia A La Autonomía Local
En los términos de la presente Constitución, los Estatutos van a ser la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. En los archipiélagos, las islas van a tener además su administración propia con apariencia de Cabildos o Consejos. Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. Defensa del bien común, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y ficheros de titularidad estatal, sin perjuicio de su administración por parte de las Comunidades Autónomas. Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.
— La particularidad. La aprobación de la autonomía reconoce la particularidad o peculiaridad de cada ente autonómico que se forme. Ya que el principio general es admitir la presencia de peculiaridades históricas, culturales y económicas preexistentes a la concesión de la autonomía, se tiene en cuenta esa particularidad para concretar su régimen estatutario en múltiples niveles distintos y mediante la presentación de un estatuto que es redactado en un inicio por órganos representativos del territorio que la pide. No hay un modelo único, sino más bien un marco de competencias posibles que en cada caso, según sus pretensiones o peculiaridades, tienen la posibilidad de ser solicitadas y aprobadas. Esto es, en el momento en que el Estado o la Red social Autónoma regulan una materia debería justificar que la rivalidad no puede ser ejercida por las administraciones de nivel local.
Capítulo Ii De La Administración Local
El resto Comunidades Autónomas podían haber optado por unos órganos distintos y una forma de gobierno diferente, pero todas y cada una siguieron el modelo citado por lo que se han dotado de un Parlamento, un Consejo de Gobierno y un Presidente. — Un Presidente, escogido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del consejo de gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en aquella. — Una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las distintas zonas del territorio.
Asimismo, existirán en todas las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que deben ser sometidos a la decisión del Pleno, tal como el seguimiento de la administración del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones. — y entrenar las acciones previstas en las leyes. Como ejemplo, en el momento en que en el grupo del Estado la rivalidad para regular las «Otras Entidades Locales» es de las Comunidades Autónomas, en la Comunidad Autónoma del País Vasco la rivalidad para regularlas se ajusta a los Territorios Históricos, mediante Regla Foral de sus Juntas En general. Un Encargado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Red social Autónoma y la coordinará, en el momento en que proceda, con la administración caracteristica de la Comunidad. A) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas de forma fuerte de ley.
En lo que se refiere a la organización administrativa de las Comunidades Autónomas, basado en su doble naturaleza política y administrativa, se han configurado, por norma general, como órganos superiores o altos cargos de la misma, aparte del Presidente y el Consejo de Gobierno, las Vicepresidencias, Consejerías, Viceconsejerías y Direcciones Generales. • A todas las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes. Tras las primeras selecciones democráticas, en el mes de junio de 1977, se restituyeron las autonomías de Cataluña y País Vasco y la fórmula se extendió velozmente a otros territorios como Navarra, Galicia, Aragón, País Valenciano y Canarias, después Andalucía y poco más tarde Extremadura, las Islas Baleares, etc.
La creación de una Red social Autónoma no es una imposición que la Constitución establece, sino es un derecho que debe de pedirse por aquellas entidades que aspiren a gozar de la autonomía. • Además de esto, deja por fundamentos de interés nacional la constitución de Comunidades Autónomas en territorios que no superen el de una provincia o que no estén integrados en una organización provincial. El artículo 16 de la LBRL afirma que el Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos forman prueba de la vivienda en el municipio y del hogar frecuente en el mismo. Las certificaciones que de tales datos se expidan van a tener carácter de archivo público y fehaciente para todos y cada uno de los efectos administrativos. Al final el artículo 37 abre la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan delegar competencias en las Diputaciones, así como encomendar a estas la gestión ordinaria de servicios propios.
32 El Pleno
18.ª Promoción y ordenación del turismo en su campo territorial. D) Las competencias asumidas en el marco predeterminado en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. C) Sustituir la idea de las Corporaciones locales a que tiene relación el apartado 2 del producto 143. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el producto 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, conveniente y justo entre las distintas unas partes del territorio español, y atendiendo particularmente a las circunstancias del hecho insular.
— Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos; las aguas minerales y termales. — La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. Los montes y aprovechamientos forestales. — Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte creado por estos medios o por cable.
El Presidente se escoge en la misma sesión constitutiva de la Diputación por mayoría absoluta en la primera votación y simple en la segunda. Se prosigue en el ámbito provincial un modelo presidencialista, de forma que el Presidente exhibe la mayoría de las competencias ejecutivas o de administración. La provincia disfruta de autonomía para la gestión de sus intereses, pero es una entidad que quedó con muy pocas competencias y con reducidos recursos financieros. En definitiva, la autonomía local se perfila en la Constitución y se define, respetando lo establecido en la Carta Europea, por el Estado y las Comunidades Autónomas mediante la legislación de régimen local.
Título Viii De La Organización Territorial Del Estado
Estos requisitos van a deber ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado sobre esto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. El Estado se organiza territorialmente en ayuntamientos, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la administración de sus respectivos intereses.
— Exigir la prestación y el establecimiento del pertinente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal caracteristica de carácter obligación. La población es el elemento personal del ayuntamiento, estando constituida por el grupo de personas inscritas en el Padrón municipal, considerándose a las mismas como vecinos. A estos efectos, la condición de vecino se consigue en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.