Todos y cada uno de los estudiantes tienen derecho a que se respete su integridad física y ética y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes o que supongan menosprecio de su integridad física o moral o de su dignidad. Tampoco van a poder ser objeto de castigos físicos o morales. El ejercicio de los derechos y deberes de los estudiantes se efectuará en el marco de los objetivos que a la actividad didáctica asigna el producto segundo de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. «Queda probado que la denunciada en distintas ocasiones y como procedimiento educativo ha golpeado a los inferiores, dándoles bofetones y prohibiéndoles ir al baño, tal es así que los pequeños llegaron a hacerse las necesidades encima». Este es el extracto de la sentencia que condena a una maestra del instituto público San Faustino de Benajarafe por pegar a niños de primer curso de Primaria, de solo seis años. Para Urra, lo que sí han de ser los instructores es cautelosos para no dar lugar a equívocos.
Por todo ello, el juez ha condenado a la maestra por una falta de lesiones y por dos de castigo . Éstas son ciertas múltiples respuestas que tiene la posibilidad de tener un alumno o pupila en el momento en que solicita permiso para llevar a cabo sus necesidades. Si les preguntamos a nuestros hijos e hijas descubriremos que es más cotidiano de lo que pensamos, aun en las primeras etapas del sistema educativo. No veo ningún problema, el niño que se porta mal expulsado y punto, me da igual que con eso no se le beneficie en su educación, el instructor está para educar entendimientos no para ser niñera, el inconveniente es que por ser super comprensivos al final permitimos que un niño condicione la vida academica de 20 mas. Pero sí dentro del recinto escolar o supervisados por personal del centro. Aunque lograrlo no sea simple.
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Sin perjuicio de la capacitad que, en todo caso, se ajusta a los alumnos o a sus padres o tutores de pedir aclaraciones de sus Profesores sobre la calificación de ocupaciones académicas o de evaluaciones parciales o finales de cada curso, aquéllos o sus representantes legales tienen la posibilidad de reclamar contra las puntuaciones de dichas evaluaciones. F) Llevar a cabo proposiciones de criterios para la confección de los horarios de ocupaciones enseñantes y extraescolares. Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes básicos sin más ni más distinciones que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se encuentren cursando. Lo dispuesto en este Real Decreto será de app a los alumnos que cursen enseñanzas en los Centros docentes a que tiene relación el artículo 11 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
Para los pequeños, jugar es una actividad esencial que no se puede prohibir o desechar. Los centros académicos no tienen que emplear el tiempo del recreo como forma de castigo. Tienen que buscar otros métodos para prosperar la conducta de los pequeños. El recreo es parte fundamental del avance de los más pequeños. Es un ingrediente importante de la interacción social que los menores deben tener en el instituto. Es una oportunidad de descansar de las exigencias académicas y un espacio de esparcimiento, desarrollo creativo, participación y actividad física.
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La más relevante es la Ley de Normalización Lingüística, impulsada en 1986 por el Govern del popular Gabriel Cañellas –el más longevo de la historia, con 12 años en el cargo hasta su dimisión-. Esta regla “ejemplar”, en palabras de la presidenta Armengol, da prioridad al empleo del catalán en todos y cada uno de los ámbitos de la vida pública. Este monopolio del catalán en la educación fué impulsado fundamentalmente por los llamados Acuerdos de Progreso, o sea, las alianzas con nacionalistas y extrema izquierda que el PSOE balear ha necesitado y necesita para gobernar en las Islas desde el momento en que Francesc Antich arrebatase por vez primera en 2007 la presidencia a la derecha.
El Consejo Escolar tendrá en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno, en el momento de decidir la resolución o sobreseimiento del expediente disciplinario, y a los efectos de graduar la aplicación de las sanciones que procedan. A semejantes efectos el Consejo Escolar podrá pedir, en su caso, un informe psico-sociofamiliar. Los alumnos están en su derecho a formar parte en el funcionamiento y en la vida de los Centros, en la actividad escolar y en la administración de los mismos, en los términos previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
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La protección popular a que se refiere el apartado anterior entenderá el establecimiento de un conveniente régimen de becas y, en su caso, la adjudicación de plazas en viviendas estudiantiles. Los integrantes de la Junta de Delegados serán elegidos mediante sufragio directo y secreto entre estudiantes matriculados en el Centro a partir del período superior de Educación General Básica y van a poder ser objeto de revocación en los términos que se confirmen en los Reglamentos orgánicos de los Centros. También, no podrán ser sancionados por el ejercicio, en los términos de la normativa vigente, de sus funciones como portavoces de los alumnos. C) La realización de políticas educativas de integración y/o de educación especial. A tal fin se encaminará siempre y en todo momento la programación general de los Centros docentes en cuya aprobación participarán los alumnos a través del Consejo Escolar.
“Van a poner mil pegas, dirán que eres el único que lo ha pedido y que tu hijo quedará apartado… pero no tienen más antídoto que aplicarlo, eso sí, lo harán yendo a lo mínimo”, apunta. Y sucede que la normativa balear permite una horquilla de entre 6 y 16 horas con el castellano como lengua de primera enseñanza “y los centros siempre eligen por dar las menos horas posibles”. Ana termina de matricular a su hijo pequeño, de tres años, para iniciar la educación infantil en un colegio de Palma de Mallorca. En los impresos, ha debido aceptar explícitamente que conoce y respeta el emprendimiento lingüístico del colegio, que usa el catalán como lengua vehicular.
El plazo de instrucción del expediente no deberá exceder de siete días. La instrucción del expediente va a deber acordarse en el menor período viable, en todo caso no mayor a los diez días, desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos tipificados como faltas sancionables en este Real Decreto. Las faltas graves y muy graves prescribirán transcurridos tres meses.
El derecho a seleccionar una educación en su lengua materna no aparece en ningún lado, no está en los papeles, nadie le charlará de él. Ana acaba de descubrir que, en Baleares, estudiar en español es prácticamente irrealizable. No podrán imponerse sanciones por faltas graves o muy graves sin la previa instrucción de un expediente, que, tras la recogida de la necesaria información, acuerde el Directivo de los Centros sostenidos con fondos públicos, bien por propia iniciativa o a propuesta del Consejo Escolar del Centro.
Según cuenta su madre, la alumna necesitaría un pase para ir al baño durante las clases, un certificado que unicamente se obtiene a través del médico y que cuesta 15 libras . Durante esta día, se ha establecido un descanso de 30 minutos, a media mañana, que se denomina recreo. Este instante de esparcimiento y de juego es un derecho que tienen los niños.