Solicitud aquí el articulado de la última versión del Estatuto, con índice indexado, cada día y con enlace a otras nor … No resulta exacto abrir el proceso pensado en el art. 99 CE por el hecho de que ahora ha quedado investido como Presidente el candidato incluido en la moción. No existe libertad en este campo, sino que es necesario que la moción sea suscrita por por lo menos una décima parte de los Diputados. Se precisa el concurso de 35 diputados para enseñar la petición. El Gobierno designará la autoridad militar que deba ejecutar las medidas que procedan en el territorio perjudicado por el estado de lugar (art. 33.2 de la LO 4/1981, de 1 de julio).
«Y, en resumen, ha de resaltarse que así mismo todos y cada uno de los actos gubernativos y parlamentarios de declaración, autorización y prórroga de todos los tres estados de emergencia ex- art. 116 CE quedan sometidos, en razón de su condición de actos y disposiciones de manera fuerte o rango de ley, a un mismo régimen de control jurisdiccional frente este tribunal». Con arreglo al producto 110 de la CE, las Cámaras y comisiones también tienen la posibilidad de reclamar asimismo la presencia de los miembros del Gobierno, teniendo ingreso estos a las sesiones de las Cámaras y a sus comisiones, con facultad de hacerse oír en ellas, pudiendo solicitar que informe frente exactamente los mismos funcionarios de sus departamentos. Se vincula por tanto, con lo preparado en el producto 109 de la CE, puesto que la reclamación de la presencia del Gobierno se configura como una función de control de Gobierno, y de esta forma se vino interpretando por los tribunales en su tarea jurisprudencial.
En el enfrentamiento intervendrán, primero, uno de los diputados firmantes y el candidato alterno – los dos sin límite de tiempo para mostrar, respectivamente las causas de la censura y el programa político alternativo -, seguidos de un representante de cada grupo parlamentario, que dispondrán de treinta minutos. El debate de investidura es fruto de la obligación de que el candidato a presidente del Gobierno propuesto por el Rey tenga que mostrar su programa político ante el Congreso de los Miembros del congreso de los diputados y obtener la confianza de la Cámara. El artículo 1 de la LO, 4/1981, de 1 de junio, establece que «procederá la declaración de los estados de alarma, salvedad o lugar en el momento en que circunstancias poco comúnes hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad a través de los poderes ordinarios de las Autoridades eficientes». Así mismo, las medidas adoptar en los estados de alarma, excepción y ubicación, tal como la duración de los mismos, deben ser, en todo caso, las rigurosamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes. La petición de censura no va a poder ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación.
Pero, al paso que con la moción de censura la oposición lo que persigue es derrocar al Gobierno, con la cuestión de seguridad es el Ejecutivo, y en concreto su Presidente, el que pretende fortalecer su autoridad. Izquierda Unida, por su parte, aparte de exigir mayoría absoluta, establecía en su enmienda que la moción habría de ser iniciativa por, cuando menos, la cuarta parte de los parlamentarios, con cinco días de reflexión para su votación y con la limitación para los signatarios de proponer otra a lo largo del mismo intérvalo de tiempo de sesiones 7. En sentido afín se posicionó el Grupo Andalucista 8. Sin embargo, ninguna de estas proposiciones lograría incorporarse al texto estatutario, continuando intacta la redacción original contenida en el Estatuto de 1981.
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E inclusive en Enorme Bretaña, cuna del parlamentarismo, hay resoluciones parlamentarias que apuntan que el Primer Ministro no debe sostener en el cargo a un ministro que no goce de la confianza de la Cámara 4. La opción por instaurar un régimen parlamentario, que acogiera, por tanto, el principio de responsabilidad política, sería igualmente asumida por las dieciséis comunidades autónomas restantes, más allá de que solo el País Vasco, Cataluña y Galicia viniesen obligados constitucionalmente a llevarlo a cabo, al igual que Andalucía. Prácticamente todos los estatutos han utilizado exactamente los mismos términos al consagrar la responsabilidad política solidaria del órgano colegiado ejecutivo. O sea, mantener el binomio compromiso solidaria del Consejo de Gobierno y compromiso directa de los consejeros por su gestión. Únicamente el Estatuto canario omite la referencia expresa a la compromiso directa de los integrantes del Consejo de Gobierno (art. 19 EACan).
En el sistema español, la petición de censura es una idea parlamentaria específica y autónoma. No pide actividad previa de ningún género, sino sólo el taxativo cumplimiento de los requisitos constitucionalmente exigidos. La declaración de estos estados de emergenciaimpide la disolución del Congreso, quedando de manera automática convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones y no modifican el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes, reconocidos por la Constitución y por las leyes. La propuesta de disolución no puede presentarse en el momento en que esté en trámite una moción de censura. Con relación a lo previo, el artículo 76 de la CE dispone que las Cámaras, conjuntamente o por separado, tienen la posibilidad de denominar comisiones de investigación sobre cualquier tema de interés público, sin que tales informaciones sean vinculantes para los tribunales, aunque se va a poder hacer llegar, si procede, al Ministerio Fiscal para que tome las acciones oportunas. Por otro lado, el estatuyente no ha pensado ningún mecanismo a fin de que la Reunión legislativa pueda ocasionar el cese de algún integrante del Consejo de Gobierno de manera singularizada.
Una vez aceptada a trámite, se abre un periodo de reflexión mínimo de cinco días que tiene el indudable propósito de contribuir a que se pondere tranquilamente la situación. Además , durante los 2 primeros días se tienen la posibilidad de enseñar peticiones alternativas. Esta última previsión está indudablemente pensada desde la visión del favorecimiento de la seguridad del gobierno, ya que posibilita los pactos parlamentarios encaminados a la capacitación del Gobierno con respaldo del Congreso. La característica mucho más señalada es la preocupación por la seguridad del gobierno y por eludir los vacíos de poder. De ahí que siguiendo la llamada “petición de censura edificante” plasmada en la Ley Fundamental de Bonn, la CE demande que la retirada de la confianza parlamentaria lleve simultáneamente aparejado el otorgamiento de la confianza a otro Presidente del Gobierno.
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Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la capacitad de hacerse oír en ellas, y van a poder solicitar que notifiquen ante exactamente las mismas funcionarios de sus Departamentos. Con la economía aún en una situación nada boyante, la moratoria muere y renacerá el deber de enseñar petición de apertura de certamen preciso en el período de un par de meses desde el pasa … Estatuto de los Trabajadores – Conozca sus derechos ¿Tiene alguna duda sobre sus derechos como trabajador?
Con lo que a las presencias o comparecencias frente a las comisiones se refiere, esa función de control del Gobierno resulta evidente en el momento en que se pide la existencia de sus integrantes para que informen sobre asuntos relacionados con sus respectivos departamentos (art. 44.2 RCD), lo que se encuentra expresamente pensado en el producto 110.1 CE. La cuestión de seguridad se presenta por escrito frente a la Mesa del Congreso, acompañada de una certificación del Consejo de Ministros que acredita que se ha producido la deliberación constitucionalmente demandada. El escrito ha de ser motivado, lo que obliga a una exposición, si bien sea sumaria, de las causas que asisten al Presidente para actualizar la seguridad. A diferencia de la moción, la admisión a trámite de la cuestión de seguridad no piensa una merma de las facultades gubernamentales.
Para este tipo de enfrentamiento los Estatutos establecerán un tiempo mínimo semanal. «Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los presidentes de aquellas, la información y asistencia que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas». No procederá novedosa disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo preparado en el artículo 99, apartado 5.
El decreto determinará el ámbito territorial a que se alargan los efectos de la declaración. Una vez presentada con los requisitos constitucional y reglamentariamente demandados, la petición de censura habrá de ser admitida a trámite. La pura admisión a trámite lleva aparejada efectos jurídicos, ya que, según la CE , a partir de ese instante, el Presidente del Gobierno no podrá proponer al rey la disolución de las Cámaras. Enfrentamiento y votación.- La petición no va a poder someterse a votación hasta pasados cinco días desde su presentación.
La intervención del Parlamento en el control del Gobierno no se limita al de las ocupaciones de los distintos departamentos -a través de preguntas, interpelaciones y comparecencias del Ejecutivo- sino, además de esto, participa de forma decisiva en su propia formación y en su viable cese. ¿De qué manera se configura el delito de tráfico de influencias del 428 por la parte de la jurisprudencia? Establece el Art. 428 ,CP que “El funcionario público o autoridad que influyere en otro fun…
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Por este motivo, si el Presidente lo considera conveniente, puede proponer al Rey la disolución de las Cortes. Si de esta manera no sucede, el debate de la cuestión se rige por las reglas reglamentarias previstas para la moción de censura. En ese caso, el rey disolverá las Cámaras y convocará nuevas elecciones bajo el refrendo del presidente del Gobierno. La principal cuestión que plantea este precepto es la de si tiene cabida en el Estatuto de Autonomía andaluz la exigencia de compromiso política individual a los integrantes del Consejo de Gobierno, y la influencia jurídica que dicha exigencia podría tener. El estado de excepción va a ser declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Miembros del congreso de los diputados. La autorización y proclamación del estado de salvedad va a deber saber expresamente los efectos del mismo, el campo territorial a que se extiende y su duración, que no va a poder exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con exactamente los mismos requisitos.
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Durante su vigencia la autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de este, el presidente de la Red social Autónoma si perjudica la declaración a ese territorio. Forma de real decreto acordado en el Consejo de Ministros. Transcurrirán cinco días desde la petición para la votación. Debe serpropuesta, mínimo, por 1/10 una parte de los diputados. Art. 11.2 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, que establece el Reglamento de Régimen Interior del Gobierno Vasco. Las Cámaras y sus Comisiones tienen la posibilidad de reclamar la existencia de los miembros del Gobierno.