Denunciar A Un Juez Ante El Consejo General Del Poder Judicial

El tribunal considera demostrado que, en el marco de su labor para decidir la concesión o no de un permiso carcelario, el juez pedía a la prisión un volumen de información «injustificada, desmedida y de difícil satisfacción por la parte de la prisión, por lo menos de manera rápida». La salón Civil Penal del máximo tribunal catalán condena a Manzanares Codesal a dos años y seis meses de inhabilitación particular, «con pérdida determinante del cargo de juez que exhibe y de los honores que le son anejos». Es la consecuencia inmediata de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya , que considera demostrado que el magistrado de supervisión penitenciaria cometió un delito continuado de prevaricación, en su modalidad de retardo malicioso en la administración de Justicia. En este caso concreto, la dilación de los trámites precisos para la concesión de privilegios a 145 presos del Centro Penitenciario de Quatre Camins coincidiendo, en la mayor parte de las situaciones, con las Navidades de 1998.

Las actuaciones jurisdiccionales merecen, en principio, la protección del Consejo, mucho más aún si, como en aquel caso, estaban ya recurridas por el fiscal. Las iniciativas arrolladas y apasionadas desde el CGPJ contra resoluciones judiciales que no gustan están fuera de lugar, aparte del ridículo que en un caso así deparó su archivo doce días después. Los hechos en cuestión hacen referencia al cierre de la consulta que Adelaido Ramos tenía en este edificio y que fue decretada de entrada por el Municipio de Algeciras. Esta decisión del Consistorio local se produce como consecuencia de la apertura de un expediente administrativo a causa de la denuncia formulada por algunos propietarios del edificio Fuerte de Santiago por estimar que los despachos profesionales no podían ubicarse en plantas superiores a la primera. Este acto, el cierre de la solicitud, brincó a la opinión pública ocasionando sorpresa a propios y extraños debido a que tenía que ver con la primera consulta profesional que se clausuraba por esa razón, sin que hasta hoy se conozca que otras, de las trescientas que ya están en la localidad que se encuentran en la misma situación, hayan corrido la misma suerte.

Formulario De Protesta O Reclamación On Line

La iniciativa es compartida por el instructor del expediente y por la Fiscalía, aunque la última palabra sobre la sanción la va a tener el Pleno del Consejo en una próxima reunión, al tratarse de una falta muy grave. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial elevó hoy al Pleno de este organismo la iniciativa de suspender a lo largo de tres meses en sus funciones al juez Francisco de Borja Derqui-Togores de Benito, al entender que cometió una falta muy grave por no motivar las órdenes de intervenciones telefónicas en una operación antidroga, lo que provocó la anulación de dichas diligencias. Dicho espediente está paralizado mientras que el juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Guillermo Ruiz Polanco, tramita las diligencias a causa de una demanda presentada por la Fiscalía por los mismos hechos, que considera constitutivos de 2 delitos de injurias y calumnias contra las Instituciones del Estado. La paralización de dicho expediente responde a que la tramitación del proceso penal tiene preferencia respecto al iniciado por el CGPJ, de carácter administrativo. En este sentido, tendrá que saber si existe una grabación de la entrevista, y preguntar a la juez y al periodista que firma la información si confirman lo anunciado.

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La Sección Tercera de la Audiencia de La capital de españa, en un auto fechado el pasado 21 de julio, escoge acordar \’el sobreseimiento libre de las actuaciones\’ y levanta las medidas cautelares que pesaban sobre la mayoría de los encausados. Ordena la devolución de las fianzas y el alzamiento de los embargos que pesaban sobre los acusados. Contra tres de los 137 acusados existían incluso órdenes de búsqueda y captura e ingreso en prisión que nunca llegaron a materializarse.

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Contra la sanción cabe recurso contencioso-administrativo frente al Tribunal Supremo, que la juez interpondrá inmediatamente, según fuentes de sus familia. González Armengol recordó que la solicitud de amparo es uno de los derechos o facultades que asigna a la Judicatura la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 14. El magistrado mencionó que recurrirá a ello después de los «varios asaltos» de que fué objeto a lo largo de la instrucción del caso del asesinato del dirigente de HB Santiago Brouard.

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«La juez no tiene el don de la ubicuidad», muestra en su escrito anunciado al presidente del CGPJ. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial analizará si el juez instructor del caso Brouard, José Luis González Armengol, ha incurrido en alguna infracción a lo largo de la instrucción, según detallaron a Europa Press fuentes del Poder Judicial. La Comisión Disciplinaria acordó también en un caso así remitir las actuaciones al fiscal general del Estado «a los efectos penales oportunos en relación con el artículo 504 del Código Penal».

El Poder Judicial Archiva La Denuncia Contra La Juez Del Caso De La “galicia Profunda”

El representante del CGPJ, Enrique López, ha dicho a este períodico que el caso no puede ser jurídicamente inspeccionado, pero sí la actitud de la juez si no han pasado más de dos años desde el tema. La víctima mencionó que la juez actuó con \’extrema dureza\’ en los interrogatorios y que parecía \’no creerse nada\’. El TSJC ha decidido investigar el asunto y enviará al CGPJ la información recabada, según comunicó ayer la presidenta del tribunal, María Eugenia Alegret, a la presidenta de la comisión disciplinaria del CGPJ, Montserrat Comas. De Barcelona, en una actuación sin precedentes, acordaron la independencia de Tomás Pardo Caro tras comparecer en el juzgado de guardia de incidencias de Barcelona la noche del 1 de noviembre, festividad de Todos los Santurrones.

El 29 de julio, Romero presentó un escrito de protesta frente al juzgado para pedir que se agilizara la remisión del recurso a la Audiencia. De Dios se hizo cargo del Juzgado en el que se gestionaba el asunto cuando las primeras denuncias ya habían dado lugar a la adopción de medidas como la orden de alejamiento, que él mantuvo. A lo largo de la instrucción del expediente se ha puesto de manifiesto que era la propia víctima la que permitía pasar a su residencia a su compañero sentimental, al que volvía a denunciar en cuanto surgían desavenencias.

Cómo Reclamar Contra Retrasos En Las Resoluciones Judiciales

En 117 juicios de faltas ha pasado mucho más de un año sin que haya recaído fallo, según los datos recabados por la Inspección, de la que partió la propuesta de separar cautelarmente a Alonso de la función judicial. Por su lado, y sobre este asunto, el titular del Juzgado número 1, Santiago R., aseveró frente al tribunal que Angel le había comentado lo de los 300 euros y que el juez le había dicho que el dinero era “para los funcionarios –del Juzgado número 2—, que se lo agradecerían”. La resolución de la Sala de Gobierno de tal TSJ señalaba que la providencia vulneró un “derecho civil” derivado de la oficialidad de la lengua catalana proclamada en la Constitución y en el Estatuto de Cataluña. Tras aludir a la Ley del Poder Judicial, impuso la sanción de observación por la “desconsideración con un ciudadano” del juez, que produjo con su actuación un “quebranto de la confianza social en los tribunales”.

A lo largo del interrogatorio de ayer, Juan Poch insistió en proteger la legalidad y corrección de su deliberación, y resaltó que los coches presuntamente prevaricadores «se deben colocar dentro de los 450 que dicta cada magistrado de la Salón al año». El Tribunal catalán, cuyo fallo condenatorio fue confirmado por el Supremo, elevó al Gobierno una solicitud de indulto parcial al considerar «claramente excesivo» que Manzanares perdiera terminantemente su condición de juez. El juez se inventó una secuencia de trámites novedosos, vinculando la concesión de los privilegios a la anterior remisión por parte del centro carcelario de una compleja documentación sobre los presos.