Pero de nada servirá establecer, normativamente, uno y mil tipos de responsabilidad en frente de las actuaciones irregulares de los empleados públicos, sino más bien se actúa en consecuencia. Primero, mediante la prevención, inculcando los códigos de valores necesarios y asociados al servicio público, a la buena administración, y sólo en el momento en que todo falla, a través de la opresión, utilizando las herramientas descritas en sus diversos tipos. “Mucho más vale prevenir que lamentar”. Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es asimismo civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios (artículo 116 CP). Por eso una vez iniciado un proceso penal ante la imputación de una conducta delictiva a un usado público, al lado de la acción propiamente penal se ejercite también la acción civil correspondiente encaminada a la reparación del daño e indemnización de perjuicios ocasionados por el hecho punible, tal y como establece el artículo 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El artículo 413 Código Penal es esencial en el momento de argumentar que, “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o medianamente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, y también inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”. “Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a ofrecer el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, resoluciones u órdenes de la autoridad superior dictadas en el campo de su respectiva rivalidad y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses y también inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. La autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de conseguir un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de multa del tanto al triplo del beneficio perseguido, obtenido o facilitado y también inhabilitación particular para empleo o cargo público por tiempo de dos a 4 años.
En exactamente las mismas penas incurrirán en el momento en que la persona solicitada fuera ascendente, descendiente, hermano, por naturaleza, por adopción, o afines en exactamente los mismos grados de persona que tuviere bajo su almacena. Incurrirá, también, en estas penas en el momento en que la persona pedida sea cónyuge de persona que tenga bajo su almacena o se halle relacionada a ésta de forma estable por equivalente relación de afectividad”. No obstante lo dispuesto en el apartado previo, no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un orden que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general”. Exactamente las mismas penas se impondrán, respectivamente, en el momento en que el abandono tenga por objeto no ejecutar las penas que corresponden a estos delitos impuestas por la autoridad judicial competente”. Bacigalupo, NPP, 1975, p. 338. El acatamiento del bien jurídico-penal Administración Pública a los postulados generales sobre los bienes jurídicos colectivos no impide admitir su idiosincrasia, tanto frente a aquéllos que deben concebirse como una mera “suma de recursos particulares” , como en frente de los que sirven a la composición de los conflictos de los ciudadanos (como la Administración de Justicia).
Delitos De Los Funcionarios Públicos
A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su rivalidad y a propósito de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para esto, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un par de años. Aceptar el carácter dinámico-servible del bien jurídico “Administración Pública” conlleva distintas secuelas de orden dogmático y político-criminal. Si su tutela penal es “instrumental” con respecto a la de los bienes jurídicos “finales”, los de la persona humana, deberá ser a todos los ciudadanos -sin distinción- a quienes deba atribuírseles la condición de sujetos pasivos del delito, al verse dañados en sus aspiraciones sobre un desarrollo de la función pública escrupulosamente respetuoso con los criterios y principios constitucionales . Marx ejemplariza muy gráficamente este razonamiento en el momento en que redacta que el concepto de bien supraindividual bascula en torno a la relación entre las estructuras primordiales para la autorrealización personal de los individuos y todos los integrantes de la organización social del Estado . En este supuesto la pena de prisión y las de inhabilitación sonmenores.
El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario público o autoridad para hallar una resolución que le pueda producir, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero, va a ser castigado con las penas de cárcel de seis meses a un año, y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u logrado. La autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ahora realizado, incurrirá en la pena de multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años. Las autoridades o gobernantes públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o descubiertamente ilegal de un servicio público fundamental y con grave perjuicio de éste o de la red social, van a ser castigados con la pena de multa de ocho a doce meses. A la autoridad o funcionario público que, a propósito de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un tema administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años. Los delitos contra la Administración pública son formas de proceder delictivas que tienen la posibilidad de tener los gobernantes públicos y autoridades.
¿cuáles Son Los Delitos Contra La Administración Pública?
En todos los casos previstos en este Capítulo y en el previo, las limosnas, presentes o regalos van a caer en decomiso. El almacenaje o ingreso técnico usado de forma exclusiva para objetivos estadísticos anónimos. Sin una citación, el cumplimiento voluntario por parte de su distribuidor de servicios de Internet o registros auxiliares de un tercero, la información almacenada o recuperada solo con este propósito generalmente es imposible emplear para identificarlo. – De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violacion de secretos. Despacho altamente especializado en delitos económicos.
Mencionamos a los delitos de prevaricación (art. 404), nombramientos ilegales (art. 405), desobediencia (art. 410), denegación de auxilio a otro servicio público (art. 412.1), tráfico de influencias (arts. 428 y 429), estafa (art. 436), negociaciones y actividades prohibidas a los gobernantes (art. 439) y abusos en el ejercicio de la función (art. 443). La reconstrucción técnica -sobre el chato de la tipicidad penal- de delitos de naturaleza procedimental no ha sido objeto de enfrentamiento con relación a la temática del bien jurídico, ni, por lo tanto, a su función selectiva. Sabemos ya que, so pena de ofrecer al garete con el principio de remata ratio, el legislador no puede dar entrada a técnicas de tipificación meramente sancionatoria de desviaciones de modelos de comportamiento desarrollados o generados en el seno de la construcciones de la función pública. La dinámica donde debe moverse es, por el contrario, la de individualizar ciertos abusos que se producen dentro del campo de la acción procedimentalizada de la Administración. Ya que bien, en este orden de cosas, si la interpretación aquí propuesta no puede aspirar a modificar un plan político-criminal “cerrada” de contención de la intervención penal, sí da pautas de intervención lo suficientemente precisas para conjurar -con el auxilio o otro u otros elementos teóricos- los riesgos de excesiva lejanía en la afección de las conductas al sujeto. El que las esferas públicas y privadas deban mantenerse escrupulosamente separadas, de forma que los gobernantes no permitan que las relaciones personales influyan en sus acciones, es, de hecho, entre los valores generales que se institucionalizan en el papel de funcionario público ; y va de de el que dicho rol solo va a poder ser desempeñado de forma exitosa por quienes hayan interiorizado las actitudes y hábitos que corresponden -asimismo- a ese valor.
Lo cual se va a hacer con la suspensión del cargo o público por un tiempo de seis meses a dos años y la multa de tres a doce meses. Se está ante el delito de denegación de auxilio en el momento en que el funcionario público o autoridad se abstenga de prestar auxilio al ser requerido por un especial. Estando obligado por el cargo que ocupa para eludir un delito contra la vida de la gente. Este delito de prevaricación viene regulado en el artículo 404 CP y se da cuando un funcionario público o una autoridad dicta una resolución infundada relacionada con un tema administrativo, pero sabe que es injusto.
Además de esto actúa de acuerdo a los principios de jerarquía, descentralización, coordinación y eficacia, sometida totalmente al derecho y a la ley. Asúa Batarrita (n.43), p. 25. La referencia al trámite en que se inserta la conducta sienta las bases para una justificada, razonable, discriminación entre los diversos grupos de individuos afectados por los abusos de los funcionarios. Barnés Vázquez (coord.), El procedimiento administrativo en el Derecho relacionado, La capital española, 1993, partido popular. 321 y ss. Loos (n. 34), pp. 889 y 891, centrándose en el delito de cohecho.
Delitos Contra La Administración Pública
Maurach, Deutsches Strafrecht. Una comprobación sobre este extremo lanza resultados positivos. Ciertamente, un examen de sus requisitos y naturaleza lleva a terminar que estas figuras no pueden conjugarse en el nivel de la tipicidad mediando permiso del particular ofendido. Todas estas resoluciones tienen dentro pautas político-legislativas que favorecen una interpretación restrictiva de los capitales básicos de la reacción penal. Si entre las tareas del jurista es sobrepasar los nominalismos, la utilización de este punto de vista dotaría de significación práctica a una materia donde, quizá, se ha acentuado en demasía la visión teorética o académica.
Delitos Cometido Por Gobernantes
Si precisas mucho más información estos tipos de delitos contra la Administración Publica, no dudes consultarnos. El tráfico de influencias tiene lugar en el momento en que la principal intención es obtener un beneficio económico gracias a la situación que ocupa. El delito de tráfico de influencias está regulado en el Código Penal, Capítulo VI en los productos del 428 al 431. La Constitución de españa establece en su artículo 103 que la Administración Pública sirve de manera objetiva a los intereses en general.
Para entender de qué manera tratar un delito de malversación, se ha de asistir al Título XIX (delitos contra la Administración Pública), Capítulo VII (de la malversación), productos 432 a 435 bis del Código Penal. El autor del delito solo puede ser una autoridad o funcionario público. Por consiguiente, la malversación se comete cuando estos sujetos alteran el patrimonio público realizando las ocupaciones que se castigan en el artículo 252 del Código Penal . Los delitos contra la independencia e indemnidad sexual de personas que tengan metas atentos de la resolución de la autoridad o funcionario, o sobre las que deba evacuar informe o subir consulta a su superior. El ejercicio de una actividad incompatible con su función pública. El ascenso para el ejercicio de una función pública a persona que no cumple los requisitos legales necesarios para esto, así como la aceptación por esa persona de tal ascenso.